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Más de cinco años consecutivos de pintas de edificios, destrozos de mobiliario urbano y monumentos en la zona tradicional de la avenida Universidad al Palacio de Gobierno, no fueron del todo contenidos con el blindaje en esta ocasión implementado por gobiernos y empresas privadas.
Eso no fue obstáculo para que miles y miles de mujeres salieran a las calles a protestar en el 8M, como lo han hecho con furia inusitada, pero la diferencia estuvo ahora en que buscaron nuevas formas de expresar su molestia contra una autoridad que, blindada y todo, no ha hecho otra cosa más que oídos sordos a las demandas justas de una vida libre de violencia.
Los acosadores, abusadores y violadores sexuales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, del Gobierno del Estado, del Congreso y del Poder Judicial, de nueva cuenta fueron exhibidos por otra marcha violenta cuyo significado sigue sin entender la autoridad y gran parte de la sociedad chihuahuense.
Evitar los daños a edificios y monumentos históricos bonitos, parece más importante que atender las quejas y las expresiones de las mujeres.
Está bien, es necesario y obligado proteger el patrimonio público de los actos de vandalismo que abundaron en la marcha, pero igual es obligada la tarea de atender un justo reclamo de justicia para esas mujeres humilladas, violentadas, abusadas en todos sentidos, desde el hogar, la familia y su círculo social, hasta las más altas esferas del poder público y privado.
En este año la marcha del sábado dejó la lección de que puede y debe protegerse el patrimonio de la ciudad y del estado, de la UACH y demás mobiliario urbano; lástima que no dejó acciones precisas, más allá de discursos y expresiones violentas, de la autoridad para atender a esas mujeres que no encuentran otra opción de denuncia que la marcha con la exigencia de una vida libre de violencias.
Entre los conocedores del negocio funerario, los experimentados que ejercen esa actividad con alto sentido de la ética y la responsabilidad que representa, siguen sin explicarse qué pasó con los empleados de Funerales Cruz, que la semana pasada le jugaron al buitre.
Resulta, como dimos cuenta en Acción en la Noticia, que el martes de la semana pasada los funerarios acudieron a un domicilio alertados de la muerte -al parecer por enfermedad.- de una persona en su casa.
Lejos de cualquier ejercicio de empatía con los dolientes del fallecido, se llevaron el cadáver a la funeraria sin esperar siquiera el dictamen y la fe del Ministerio Público, ni se diga su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.
El buitresco hecho tuvo su origen, según algunos, en algún permiso extralegal de la Fiscalía General del Estado, para que los funerarios caigan como aves de rapiña sobre las familias de los fallecidos, a ofrecer sus servicios en cuanto se enteran del deceso de alguna persona.
Tal vez un error de comunicación o algún tipo de arreglo económico con personal de la Fiscalía, llevó a los aventurados trabajadores a agandallar el cadáver y llevárselo sin los trámites correspondientes, ya que tenían apalabrado el compromiso de los familiares para el funeral.
El caso abrió el debate entre los empresarios del ramo, porque esas prácticas de que las funerarias le hacían el Semefo supuestamente ya se habían superado; en el pasado, compraban su turno con la FGE para levantar cualquier muerto en domicilios o la vía pública, pero se suponía que esa práctica ya estaba superada.
Ni la FGE ni la empresa funeraria de la avenida Zarco han ofrecido una explicación de lo ocurrido, mucho menos han dado a conocer qué acciones tomarán para evitarles el doble dolor y la revictimización a los familiares de los difuntos, que cargan como buitres algunos empleados sin el tacto ni la preparación suficiente para esta delicada labor.
Sea estratégia política o un alto compromiso social, como sea, el hecho es que tras el informe de la gobernadora Maru Campos extendido por Chihuahua, Juárez y Parral durante la semana pasada, algo quedó muy en claro para los observadores de las decisiones que salen del Palacio de Gobierno.
Dicen los conocedores que Campos Galván puso especialmente el foco en la frontera más importante del estado, con los anuncios del direccionamiento de las políticas públicas de salud y atención social, que tienen su epicentro en esta ciudad, la más grande de la entidad.
En primer lugar, pasó la gobernadora gran parte de responsabilidad a su madre, María Eugenia Galván Antillón, con el programa llamado Nutri Chihuahua, que atenderá en su mayoría a familias en situación de pobreza extrema en Ciudad Juárez, como un indispensable complemento al Medi Chihuahua.
El programa nutricional será punto toral de la administración estatal de Campos Galván, con el fin de garantizar la alimentación diaria de cientos de miles de niños al día que, a la fecha, no tienen seguridad en sus familias de qué habrán de comer cada día. Indudablemente es una acción necesaria y loable del gobierno de Maru, más en tiempos de crisis alimentaria, comercial y de todo tipo que padece el estado.
Otra pata de la mesa del cierre de la administración descansa en la Secretaría de Salud, donde el compromiso claro es reforzar la atención médica en Juárez, con equipo para atacar el cáncer en niños y adultos, así como la posibilidad de abrir espacios especiales para la atención infantil, para que no deban viajar hasta el hospital especializado de Chihuahua quienes viven en la frontera.
Ha sido notable la inversión estatal en la ciudad más grande del estado, pero la deuda política es enorme. Si esas acciones repercuten en votos a su favor para el 2027, nos aseguran en Palacio, será ganancia extra, pero lo importante es sacar a la frontera del olvido en que ha permanecido por décadas.
