En un pequeño pueblo de Coahuila, Soledad Concepción Cano Herrera, de 63 años, denunció haber sido víctima de violencia familiar, patrimonial e institucional por parte de su ex esposo, José Luis Gudiño, y varios integrantes de su familia, quienes presuntamente la expulsaron del domicilio donde vivía desde hace tres años y retuvieron todas sus pertenencias, con el apoyo de policías municipales y personal del Ministerio Público.
De acuerdo con el testimonio de su hija, Noemí Soto, quien viajó al pueblo para auxiliarla, la violencia comenzó después de que la chihuahuense Soledad fue notificada sorpresivamente de un divorcio tramitado en Estados Unidos sin su conocimiento previo. Según su declaración, la notificación llegó cuando el proceso ya estaba concluido, y desde ese momento el ex esposo habría iniciado una serie de agresiones para obligarla a abandonar la vivienda.
Noemí relata que, al llegar a visitar a su madre, observó que ya no le permitían entrar a la casa: “Salimos a la tienda y cuando regresamos le cerraron la puerta. Ahí supe que algo grave estaba pasando”. Tras llamar a la policía, ambas esperaban recibir ayuda; sin embargo, afirma que los agentes se colocaron del lado del ex esposo y su familia. “Mi mamá fue quien pidió auxilio, pero los policías solo les daban atención a ellos. No querían escucharla”, dijo.
Según los videos entregados por Noemí, durante las discusiones una de las hijas del ex esposo la golpeó mientras policías municipales presenciaron los hechos sin intervenir. Asegura que los oficiales incluso alentaron a la familia a desalojar a Soledad: “Si usted quiere, sáquela”, habría dicho uno de ellos.
La situación escaló cuando ese mismo día, la familia del ex esposo sacó las pertenencias de Soledad de su cuarto y las arrojó al patio. A Soledad y a Noemí les dijeron que deb+ian ratificar la denuncia en otro pueblo denominado Allende, sin embargo, Noemí afirma que la actuación fue parcial y hostil hacia su madre: “La trataban como si ella fuera la agresora. Le quitaron el teléfono, la ‘carearon’ con las declaraciones de la otra familia, y le decían cosas que ella nunca había dicho”.
En Allende, les informaron que el reporte nunca había sido recibido y que en cambio se había levantado una denuncia por “allanamiento de morada” en su contra, a pesar de que vivía en ese domicilio desde hacía tres años. Al regresar a la casa, las chapas habían sido cambiadas y ya no pudo entrar.
Noemí, quien también intentó denunciar la agresión física que sufrió, afirma que estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las instalaciones del Ministerio Público sin ser atendida: “A mí nunca me tomaron la declaración. A ellas sí, rápido, en un cuartito especial. Yo no existía para ellos”.
Ante el miedo por su seguridad y la gravedad de la situación, la familia pidió apoyo al fiscal regional de Saltillo, quien finalmente intervino. Soledad fue trasladada al DIF, donde actualmente recibe atención psicológica y medidas de resguardo temporales.
La mujer asegura que además de la violencia física y psicológica, existe un trasfondo económico: durante el matrimonio, afirma haber invertido alrededor de 500 mil pesos en un negocio de préstamos y compra-venta de vehículos administrado por su ex esposo. “Mi mamá solo quiere recuperar lo que es suyo. No está peleando casas ni bienes ajenos, quiere lo que invirtió con su trabajo”, explicó Noemí.
La familia teme por represalias, debido a que —según narran— uno de los hijos del ex esposo cuenta con antecedentes por violencia familiar. “Yo sí tengo miedo. Son personas muy violentas y están protegidas por autoridades de aquí”, expresó Noemí.
Hasta el momento, Soledad continúa en resguardo, mientras su abogado busca que se reabran las denuncias, se investigue la actuación de los policías y agentes del Ministerio Público, y se garantice su derecho a una vida libre de violencia.
