*Por: El Escribiente…
Sin temor alguno gracias al despliegue de unos 400 elementos de seguridad en varios kilómetros a la redonda, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó el fin de semana la comunidad de Baborigame, en el municipio de Guachochi.
Fue la seguridad, a cargo de la Policía Estatal, Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, la nota en la visita presidencial realizada para restituir tierras a los pueblos indígenas originarios de este rincón de Chihuahua, ubicado en el corazón del llamado Triángulo Dorado de las Drogas en México.
Fue notoria la ausencia de la gobernadora Maru Campos, aunque sí acudieron algunos funcionarios estatales de Pueblos Indígenas, Desarrollo Rural y Desarrollo Urbano, pero nadie hizo mención de si fue o no invitada al acto central del Plan de Justicia para la Sierra Tarahumara, heredado por la administración de Andrés Manuel López Obrador a la de su sucesora Sheinbaum.
Acompañaron a la presidenta los secretarios de su gabinete social, entre ellos la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, la de Sedatu, Elva Vega y de Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteba, entre otros funcionarios, como subsecretarios y directores de área relacionados con la entrega de cientos de hectáreas a las comunidades indígenas.
Ahi en el lugar, los indígenas reclamaron un mejor servicio médico y acceso a medicamentos y a educación, antes de que la presidenta diera el mensaje central y antes también de la participación de todos los secretarios.
Ninguno dio respuesta a los reclamos indígenas, más bien se centraron en el programa oficial sin salirse del guión y sin escuchar más propuestas que las de los programas federales en curso, entre ellos el de la restitución de tierras, la ampliación de caminos vecinales y alguna inversión de la Comisión Federal de Electricidad en la pobre red eléctrica que opera en la región.
Entonces, son buenos los resultados de la gira, positivos y favorables para las comunidades indígenas, pero no dan la respuesta que esperaban los pobladores a sus demandas.
*** En abierto reto a las autoridades estatales, la Plataforma Centinela sigue como blanco de ataques de los grupos armados. La última agresión al proyecto emblemático de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal SSPE, fue en Madera y luego en Cuauhtémoc, no de forma simultánea pero si pareció de forma coordinada.Esto viene a sumarle más retrasos al proyecto de la plataforma interconectada de seguridad en el estado, además de costos en las inversiones.
Mientras la Torre Centinela de Juárez, que será la sede de la SSPE, acumula varios meses de retraso en su contrucción, aunque ya comienza a dimensionarse su tamaño, la tecnología desplegada en varios municipios ha sido atacada abiertamente por la delincuencia.
Obviamente no son actos comunes de vandalismo los que ha resentido esa infraestructura pública, sino balazos y derribos hasta con el uso de vehículos blindados, lo que manda agresivos y amenazantes mensajes a la autoridad, mientras que en la sociedad impone el terror por lo que pudiera pasar.
Es claro que la gente piensa que, si eso les pasa a las autoridades encargadas de combatir al crimen con armas y bien pertrechadas, qué no le puede pasar a los ciudadanos comunes y corrientes, expuestos todos a secuestros, extorsiones y otros crímenes.
Peor sí, como en los ataques anteriores que se han reportado a la plataforma, en Nuevo Casas Grandes, Jiménez e incluso en la carretera a Juárez, estos nuevos golpes van a dejarse en la impunidad, debido a que ni la SSPE ni la Fiscalía General del Estado, han demostrado suficiente capacidad para ir contra los delincuentes.
A ver para cuándo queda lista por fin la Centinela prometida como el mayor avance en el combate contra la inseguridad y la violencia que aquejan a Chihuahua, porque mientras sigan acumulándose retrasos y retrasos a causa del crimen, la consolidación del proyecto se hace ver cada vez más lejana.
*** El número 46 de las boletas para magistrados penales, Héctor Villasana, fue de los más destacados firmantes del acuerdo con Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) como parte de su proyecto integral para fortalecer la impartición de justicia con enfoque humano, participativo y centrado en las víctimas.Villasana Ramírez destacó que este acto representa una declaración firme de principios y voluntad de colaboración con la sociedad civil organizada.
El compromiso firmado contempla cuatro ejes principales: fomento de la cultura de la denuncia, acompañamiento efectivo a víctimas del delito, toma de decisiones con conocimiento pleno de la seguridad ciudadana y atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; todos son elementos indispensables para que evolucione el sistema de justicia.
Asentamos que es Villasana uno de los más destacados en la firma de estos acuerdos porque, fuera de toda duda, de los postulados es uno de los que mejor conoce la justicia penal como litigante y sabe de lo que adolecen los jueces y magistrados actuales, sometidos al poder político.
Destaca además porque es de los que mejor entiende los postulados del Ficosec, organismo de la sociedad civil que surge a través de una iniciativa empresarial para pacificar al estado y ayudar al regreso de la paz, independientemente de los colores de cada gobierno.***
