CIUDAD JUÁREZ, CHIH. – El gremio de abogados laboralistas en el estado ha entrado en estado de alerta.
El Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de Chihuahua (C.A.L.E.CH.) manifestó su total desacuerdo y rechazo ante lo que califican como una parálisis institucional provocada por las presiones de la abogada y activista Susana Prieto Terrazas, tras el cierre de operaciones del grupo maquilador First Brands Group.
Justicia “a la carta” y audiencias canceladas
De acuerdo con la denuncia del Colegio, la Secretaría del Trabajo, el Centro de Conciliación Laboral y los Tribunales Laborales habrían cedido ante las “influencias político-sociales” de Prieto.
Sin previo aviso ni acuerdo oficial, las autoridades suspendieron actividades regulares y desplazaron a todo el personal jurídico del Centro de Conciliación directamente al domicilio del conflicto para atender exclusivamente la demanda colectiva de los ex-empleados de First Brands.
Esta acción generó una afectación en cadena:
Cancelación masiva: Cientos de audiencias conciliatorias ya programadas legalmente fueron suspendidas.
Tras la obvia vulneración de derechos de los Trabajadores ajenos al conflicto, empresas y abogados perdieron su derecho a la audiencia, retrasando procesos legales externos.
Denotando la falta de institucionalidad por parte de la autoridad “No existió un comunicado previo que justificara el cierre del recinto oficial”.
”Se está privilegiando la presión mediática sobre el debido proceso legal, dejando en la indefensión a otros ciudadanos que también esperan justicia”, señalaron representantes del gremio.
Ante lo que consideran una injusticia y un manejo arbitrario de las instituciones, el C.A.L.E.CH. anunció que ya prepara una serie de amparos con el objetivo es revertir la ilegalidad de las cancelaciones y exigir que las autoridades retomen el orden procesal sin distinciones ni privilegios para grupos específicos.
Mientras el gremio jurídico se prepara para la batalla legal, la Lic. Susana Prieto ha utilizado sus plataformas digitales para celebrar la atención inmediata de las autoridades;Tras lograr que el personal del Centro de Conciliación se trasladara al lugar de los hechos para iniciar las liquidaciones, la abogada solicitó a través de redes sociales el apoyo a la gobernadora y autoridades estatales para llevar taquizas y víveres a los trabajadores que mantienen el plantón.
Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha emitido una postura oficial que aclare por qué se detuvo la operación del Centro de Conciliación para dar prioridad exclusiva a este caso.
