–Regaña jueza federal al Gobierno Municipal
–¿Y dónde están los cómplices del policía traficante?
Los familiares de Ari, una menor de edad derechohabiente de Pensiones Civiles del Estado, han tenido que recurrir a la colecta social, al apoyo de amigos y familiares y ciudadanía en general, ante la inhumana respuesta que le dio la institución para atender su enfermedad.
La familia pide apoyo para costear un caro tratamiento que PCE, a cargo de darle seguridad social y servicio médico a los trabajadores del magisterio y la burocracia estatal, le ha negado a la menor, que está a unos pasos de ser diagnosticada con diabetes infantil-juvenil.
En la inhumana actuación de PCE -instancia encargada por la gobernadora Maru Campos a Marco Antonio Herrera, con pésimos resultados- le dijeron a la familia que sí tienen el medicamento en su cuadro básico, pero no se lo podían otorgar por múltiples complejidades burocráticas.
La medicina negada es la denominada Saxenda, o Liraglutida como sustancia activa, que viene en una pluma precargada lista para aplicarse. Se la negaron de forma rotunda a pesar de la gravedad del padecimiento.
Así fue despachada la menor, con la mala noticia de su enfermedad que puede agravarse en cosa de días si no recibe tratamiento, y el puntapié contundente de que no habrá de ayudarla la instancia estatal que debería garantizarle su derecho a la salud.
Por eso, han tenido que recurrir sus familiares a la colecta social en busca de ayuda, por esa realidad que enfrenta Pensiones del Estado, cuyo titular dice que cada paciente le cuesta a la institución miles de dólares y que tiene la suficiente capacidad de cumplir con su misión. Qué desverguenza.
Luego se andan preguntando por qué, por ejemplo, este miércoles van a cerrar las escuelas estatales, en un paro organizado por la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), debido a la pésima e inhumana calidad de servicio que brinda Pensiones Civiles del Estado.
Del Juzgado Segundo de Distrito, cuya titular es la jueza Martha Cecilia Zúñiga Rosas, salió una sentencia que bien podría tomarse como un fuerte regaño para el presidente municipal y su subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva Jiménez.
Ambos funcionarios fueron señalados por tres asociaciones civiles defensoras de los animales y más de 10 ciudadanos, por haberse hecho patos con la corrida de toros que se realizaría el mes de noviembre pasado en la plaza de toros la Esperanza, organizada por el fifí Enrique Valles.
Las asociaciones buscaron el amparo y la jueza les otorgó la suspensión provisional, que impidió la fiesta brava en aquella ocasión; incluso la juzgadora mandó a la Guardia Nacional a cerrar el recinto, ante la intentona de hacerlo sin permiso.
Pues bien, ya entrando al fondo del asunto, el Juzgado Segundo terminó por dar el amparo y protección de la justicia federal a los animalistas, avalando su alegato de que las corridas de toros violaban el derecho a un medio ambiente sano contemplado en la Constitución y en la Ley de Bienestar Animal del Estado.
Así, prohibió tajantemente las corridas de toros en la ciudad de Chihuahua, pero no sin antes darles su regañada al aparato municipal que sin haber dado permisos, permitió que el evento se publicitara en noviembre pasado y hasta se vendieran boletos.
De paso, también reprendió a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Ecología del Estado y a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, por no aplicar las leyes y permitir que se promocionaran estos eventos sangrientos en una plaza pública, hasta con énfasis en que los niños entraban gratis.
El amparo, según nos reportan los conocedores, es de aplicación exclusiva en la ciudad de Chihuahua, pero junto con la prohibición de las corridas de toros en la Ciudad de México, ya sientan un importante precedente para su erradicación de las plazas en todo el país.
Ya hay suficiente sangre humana derramada por todas las ciudades del país, como para sumarle la de los animales maltratados en fiestas como estas, justificadas en tradiciones, supuestos deportes, cultura y negocios, todo lo cual ha resultado desacreditado por quienes luchan por erradicar el maltrato a los animales en todas sus formas y contribuir a un medio ambiente sano para todos.
Mientras el policía estatal Carlos Arturo B.R, detenido en el Precos de Samalayuca por militares con casi 9 mil balas de alto calibre, fue vinculado a proceso por un juez federal una vez que lo presentó la Fiscalía General de la República, los que han decidido quedarse calladitos son el secretario de Seguridad y su jefa de Asuntos Internos, Gilberto Loya y Bianca Nevárez.
La funcionaria fue echada por delante a responder sobre el agente, con algo de mala leche de parte de su jefe, pues había versiones de que Carlos Arturo era algo más que un subordinado a Nevárez en el área de Asuntos Internos.
Tal vez con todo el dolor de su corazón, ella salió a decir públicamente que estaban siendo investigados otros agentes estatales a raíz de esta detención realizada por elementos del Ejército, algo lógico porque tantos cartuchos seguramente eran para dotar armas ilegales, ya ingresadas a territorio estatal o en proceso de ser introducidas.
Fue la misma Nevárez, en medio de las especulaciones sobre su relación especial con Carlos Arturo, quien aseguró que eran investigados unos 5 elementos más de la Policía Estatal. Lo dijo apenas 24 horas después de la detención del elemento, que oficialmente -aunque nadie le cree a los boletines de la SSPE- estaba en proceso de ser dado de baja, desde finales del mes de enero.
Pero bueno, ¿dónde están los cómplices del policía traficante? ¿Siguen activos en las filas de la Policía Estatal o van a esperar a que alguien más los detenga, para luego salir con que estaban en proceso de baja?
