Por El Escribente…
Ya no son una ni dos sino muchas las quejas contra el fiscal de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado, un turbio personaje salido de los sótanos de la Fiscalía General de la República, Arturo Velazco, más conocido en el inframundo criminal como “Cachis”.
Su operador principal en extorsiones torturas y operativos para sacar dinero es Jesús Molina, coordinador de Proyectos Especiales, a quien varios apuntan como responsable de armar mínimo un batidero por semana, a expensas a expensas de su jefe, el fiscal Cachis.
El último caso es de la semana pasada, según nos reportan de la propia FGE, por una persona detenida de forma arbitraria por órdenes del titular de Operaciones Estratégicas; el detenido fue sometido a torturas físicas y psicológicas, además de que le sembraron evidencia, un supuesto documento apócrifo relacionado con la venta de unas propiedades.
La víctima fue retenida de forma ilegal, arbitraria y abusivamente, tanto que los mismos agentes ministeriales, cuando fueron forzados a liberarlo por la intervención de sus abogados, le confesaron en corto que la acusación de fraude que intentaron fincarle, obedeció a un favor que el turbio “Cachis” le pretendía hacer a un amigo o conocido.
El caso llevó a una denuncia formal ante la Fiscalía de Control y Evaluación, en su área de Asuntos Internos, pero quienes saben del tema ven difícil que prospere, pues supuestamente el tal “Cachis” tiene más fuerza e influencia en los altos niveles que el propio fiscal general del Estado, César Jáuregui. Al menos es lo que presume el funcionario.
En los sótanos de la Fiscalía el asunto retumbó con fuerza, dado que, como decíamos al comienzo de esta entrega, no son una o dos quejas, sino muchas las que ha acumulado el que también gusta presentarse como el fiscal más eficiente de toda la FGE, aunque más que eficiencia, lo que hace es grillar y descalificar a todos sus compañeros fiscales, con eso de que se siente el verdadero poder tras el trono y titiritero de Jáuregui Moreno, a quien únicamente ve como un feo adorno.
El problema no son las grillas y politiquerías que genera el tal “Cachis” que opera desde las sombras y le encanta el protagonismo cuando salen las cosas bien. El problema es que cada vez son más los reclamos de que Operaciones Estratégicas es el nombre que lleva oficialmente lo que en realidad es una oficina de Operaciones Extralegales, que dejan muchos beneficios en pesos y dólares por los favores que hace, en lo que Chuy Molina, suponen en la FGE, también lleva su tajada.
Así las cosas en la cada vez más deficiente Fiscalía del Estado.
Actual juez federal en funciones, Roberto Alcoverde propone “reinventarse en favor de la sociedad, dejando atrás vicios y prácticas que la mantenían alejada e insensible al clamor de la gente, sobre todo de la más necesitada, para ahora, escucharla y resolver con cercanía, honestidad, respeto, conocimiento y sensibilidad, sus problemas de justicia y desigualdad, garantizando siempre la defensa de los derechos humanos, buscando también sin descanso, que la amabilidad, la responsabilidad y la preocupación por los demás sean parte esencial de esa función”.
Así aparece el principal planteamiento, muy bonito, del juzgador de distrito que hoy pretende ser electo como magistrado del Decimoséptimo Circuito Judicial, que comprende al estado de Chihuahua; sin embargo, esa propuesta choca con su actuación constantemente denunciada por “atender intereses oscuros”.
Alcoverde Martínez, el número 09 en las boletas de candidatos a magistrados federales en el estado, arrastra un historial de resoluciones turbias, desde la protección a actores políticos de gran poder económico, hasta vinculación con abogados especializados en la defensa de imputados por crimen organizado.
A pesar de los datos objetivos de prueba para emitir sentencias condenatoria o dictar cautelares, Alcoverde resuelve por lo general contra la Fiscalía Federal, casi por sistema. A ver si no se muerde la lengua cuando hable ante sus potenciales electorles de “reinventarse en favor de la sociedad, dejando atrás vicios…”.
Además, Alcoverde fue de los que aprovechó gustoso casi un año de vacaciones, con la excusa de los paros judiciales que hubo cuando fueron extinguidos los fideicomisos que manejaba discrecionalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como cuando se planteó en sus inicios la reforma judicial que ha llevado a la elección directa de jueces y magistrados.
Con esos paros y su voluntad para no hacer nada, retrasó meses casos importantes, otro punto que, de nueva cuenta, contraviene su propuesta de buscar “sin descanso”, la defensa de los derechos humanos, así como su propio postulado de que “la amabilidad, la responsabilidad y la preocupación por los demás sean parte esencial de esa función”.
Alcoverde Martínez, por si fuera poco, se negó a dar la cara y ofrecer explicaciones sobre sus decisiones, generalmente manchadas por los intereses económicos y políticos, pero ahora anda como merolico en redes sociales y algunas reuniones, pidiendo el voto a los ciudadanos. Ni un ápice de vergüenza muestra.
Quienes conocen de procesos federales, dicen que este juez es de lo “peorcito” que pudieron postular los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, en esta histórica eleccion de jueces y magistrados federales.
Después del berrinche que hicieron diputados de Acción Nacional, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Verde Ecologista en el Congreso, al no validar la lista de aspirantes a jueces el pasado 24 de febrero, y de que hicieran su circo aplastando con mayoría a Morena en la sesión de la Jucopo, el 28 de febrero, para dejar fuera a 75 aspirantes a candidatas y candidatos a ministros, que había seleccionado el propio Poder Judicial, un grupo de mujeres decidió no quedarse con los brazos cruzados e impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El equipo de abogadas integrado por Gabriela Soraya Márquez Blanco, Perla Guadalupe Ruíz González, Rocío Iveth González Lara (aspirantes a magistratura penal), Érika Mireya Mendoza García (aspirante a magistratura familiar), iniciaron la lucha, apoyadas de la experiencia en materia electoral de María Alejandra Ramos Durán (aspirante a magistratura penal), y mediante litigio, plantearon una estrategia con argumentos de ilegalidad y Violencia Política por Razón de Género, dando duro golpe a los partidos, en un esfuerzo ciudadano.
Se quedaron en la lona los panuchos José Alfredo Chávez Madrid y Saúl Mireles Corral; los priístas Roberto Medina Aguirre y Guillermo Ramírez Gutiérrez, los de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas y Yesenia Portillo, mientras que los que traicionaron la alianza que traen a nivel nacional, las petistas América Aguilar Gil e Irlanda Márquez Nolasco, lo mismo que el del Verde Ecologista, Octavio Borunda Quevedo.
El asunto es que se vieron en pañales ante la defensa que hicieron las abogadas de los derechos de la ciudadanía a votar a quienes legítimamente habían logrado pasar los filtros y que los diputados violaron a todas luces el proceso que ellos mismo habían aprobado.
Ahora el IEE tendrá que componer lo que descompusieron los integrantes de la Jucopo opositora al proceso y deberán incluir a las aspirantes en las boletas, pero no sólo eso, las valientes abogadas lograron que de los 94 aspirantes que quedaron fuera por el Poder Legislativo, de los cuales, algunos estaban en las boletas porque fueron elegidas por el Poder Ejecutivo o Judicial, nada menos que 48 personas quedaron totalmente fuera porque únicamente tuvieron la opción del Poder Legislativo y son las que pudieron lograr entrar a las boletas.
Habrá que seguirles los pasos en las campañas que van a realizar pues cuentan con menos tiempo.
En gira de fin de semana por la Ciudad de México, el pasaod viernes rindió protesta Marco Bonilla como Vicepresidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), conformada por los ediles de prácticamente todo el país.
El alcalde panista de Chihuahua hizo el anuncio oficial en el que insistió en que esta asociación tiene el objetivo de impulsar reformas que fortalezcan la agenda municipal y promuevan un federalismo real, donde las comunidades tengan las herramientas necesarias para prosperar.
“Estoy orgulloso de formar parte de esta nueva mesa directiva, liderada por Mauricio Tabe Echartea. Juntos, trabajaremos para seguir construyendo un mejor futuro para todos, desde lo local hasta lo nacional. ¡Vamos por más!”, publicó Bonilla Mendoza en sus redes.
El otro puntero en la carrera por la gubernatura en 2027, el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, sorprendió el sábado como invitado de honor al informe de Carlos Manjarrez, como presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), la añeja organización priista que, por lo visto, ya se hizo chaira y aliada de la 4T.
El morenista de Juárez estuvo rodeado por viejos integrantes del PRI de la otrora poderosa central campesina, como el exalcalde de la capital, Javier Garfio; el exsecretario de Desarrollo Social y exdiputado priista Kamel Athié y el exdirigente tricolor Jorge Esteban Sandoval.
Así siguen acomodándose las calabazas en este accidentado camino para el relevo de la gobernadora Maru Campos.
