La diputada de Morena, Brenda Ríos, obtuvo este jueves una mayoría de 12 votos a favor y 11 abstenciones para exigir transparencia al Ayuntamiento de Chihuahua sobre la situación jurídica y los tiempos del proyecto del relleno sanitario Mápula.
Sin embargo, pese a que se trataba de un punto de acuerdo que requería mayoría simple, y no mayoría calificada, la mayoría panista buscó impedir su aprobación mediante una interpretación de la legislación aplicable.
Durante su intervención en tribuna, Ríos exigió al Ayuntamiento informar con claridad cuál es el estado jurídico actual de Mápula, si existe algún recurso o impugnación pendiente y si actualmente existe algún impedimento legal para continuar con el proyecto.
La legisladora recordó que Chihuahua lleva años esperando una solución definitiva al problema de disposición de residuos y que el actual relleno sanitario continúa operando mientras el proyecto de Mápula permanece entrampado entre anuncios, estudios, financiamiento y procesos jurídicos.
“Chihuahua sigue sin tener un nuevo relleno sanitario. La basura no entiende de amparos, la basura no espera sentencias y el relleno sanitario actual tampoco recupera mágicamente los años de vida que ya perdió”, señaló.
Ríos cuestionó que, después de obtener 12 votos a favor frente a 11 abstenciones, se pretendiera desconocer el resultado de la votación bajo una interpretación que, sostuvo, no correspondía al tipo de mayoría que requería el punto de acuerdo.
“Esto ya no se trata de celebrar quién ganó o quién perdió un juicio. Se trata de gobernar”, afirmó.
La diputada señaló que la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre Mápula y a saber qué sigue, cuáles son los impedimentos jurídicos que permanecen y cuáles son los tiempos reales para resolver el problema.
“Los chihuahuenses no necesitan otra conferencia de prensa diciendo que ahora sí. Necesitan una solución”, sentenció.
Ríos advirtió que la transparencia sobre el futuro del relleno sanitario no puede quedar sujeta a interpretaciones políticas ni a maniobras legislativas, pues se trata de un asunto que afecta directamente a más de un millón de personas que dependen de que el servicio de disposición de residuos funcione adecuadamente.
