Contrario a lo que quisieran los juarenses, la frontera no ha tenido los grandes anuncios de nuevas obras ni la reparación de sus calles, pero sí muchos pleitos.
La gobernadora Maru Campos y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar decidieron trasladar sus diferencias al terreno más cómodo para ambos: las redes sociales. El detonante fue simple, casi anecdótico, pero profundamente simbólico: un bache. La mandataria estatal compartió un video donde presumía recorrer “las hermosas calles de Ciudad Juárez”, hasta que una llanta ponchada interrumpió el paseo. El mensaje traía dedicatoria incluida, un llamado al alcalde a “ponerse trucha” con los baches.
La respuesta fue inmediata y con un cálculo político impresionante. Pérez Cuéllar no defendió el estado de las calles, sino que contraatacó.
Señaló que, si no se hubieran destinado miles de millones a la Torre Centinela, esos recursos bien podrían haberse usado para tapar los baches de la ciudad. De paso, sembró la duda sobre si esa obra emblemática del gobierno estatal realmente estará lista este año, como prometió el secretario de Seguridad, Gilberto Loya.
Y así, una llanta ponchada terminó por exhibir una grieta mucho más profunda. Porque este intercambio no es gratis ni de generación espontánea.
Juárez atraviesa un momento económico delicado, con maquiladoras que cierran o migran, listas interminables de personas formadas desde la madrugada buscando empleo, incertidumbre laboral y social. A eso se suma un conflicto abierto entre el Gobierno Municipal de Morena y el Gobierno del Estado del PAN por adeudos de predial y agua, una relación institucional rota que ya ni disimula.
Mientras tanto, las acusaciones vuelan. Al alcalde se le señala por presunto nepotismo dentro de su administración. Al gobierno estatal se le cuestiona por su ausencia en la frontera, reflejada en la caída en picasa del PAN. Nadie se queda callado, pero tampoco nadie ofrece soluciones conjuntas.
El problema no es el pleito en sí. La política, al final, es confrontación. El problema es el escenario y el momento.
Juárez no necesita ver a sus autoridades midiendo fuerzas en videos, peléandose y elevando el tono de los insultos disfrazados de debate; necesita coordinación, acuerdos y resultados visibles. Los baches no distinguen colores partidistas, tampoco el desempleo o la inseguridad.
Las campañas ya se asoman y cada mensaje, cada video, cada indirecta parece pensada más para el archivo electoral que para la solución de fondo. Y en ese juego, Juárez corre el riesgo de quedar, otra vez, como botín político y no como prioridad.
Mientras Maru y Cruz se cruzan golpes mediáticos, Juárez sigue esperando algo más básico: que quienes gobiernan se sienten, acuerden y trabajen, sin baches, sin torres como excusa, sin pleitos como estrellas de la farándula.
No fue un asalto en despoblado ni la parada en un retén clandestino, sino en un punto oficial de revisión del Gobierno Federal, instalado por agentes de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, según los elementos visibles para identificarlos.
En el kilómetro 95 de la carretera Juárez–Chihuahua, un ciudadano que se dedica a los viajes compartidos denunció haber sido privado de su libertad, torturado y amenazado de muerte por agentes federales. No por portar armas. No por transportar droga. No por resistirse a una revisión. Su “falta” fue grabar a la autoridad, o sea ejercer un derecho.
Según su testimonio, los agentes nunca se identificaron. Se molestaron al ver el teléfono encendido. La reacción fue inmediata y brutal: le quitaron el celular, lo hincaron en el pavimento, le apuntaron con una pistola en la cabeza, lo golpearon y lo insultaron durante casi una hora para obligarlo a borrar los videos.
Una hora hincado, con una pistola en la cabeza y totalmente reducido en un contexto de miedo que siembran los federales cuando se aparecen en la carretera.
Mientras tanto, tres pasajeros quedaron varados, obligados a buscar otro transporte. El denunciante pidió ayuda. Llamó al 911. Le dijeron que enviarían unidades y nunca llegaron.
El objetivo no era revisar un vehículo sino borrar evidencia. Los agentes lograron eliminar los videos del teléfono, pero no contaban con algo básico, la tecnología. El material quedó respaldado en la nube y por eso hoy existe y sustenta la denuncia.
El afectado anunció acciones legales. Lo más grave es que no solo denuncia lo ocurrido, sino que advierte algo todavía más alarmante, ya que por su trabajo tendrá que seguir pasando por ese punto y hoy teme por su vida. Responsabiliza directamente a esos agentes de cualquier cosa que pueda sucederle.
Ese miedo no es paranoia. Es realismo y temor ante un retén oficial se convierte en un espacio de tortura, cuando grabar se castiga con violencia, cuando el 911 no responde y nadie llega.
La Guardia Nacional fue vendida como una institución distinta, profesional, civilizada. La SSPC como el rostro moderno de la seguridad federal. Pero escenas como esta recuerdan las viejas prácticas de abuso de poder, opacidad, intimidación.
Si esto le pasó a alguien que pudo grabar y recuperar el video de la nube, ¿qué pasarpa con quienes no tienen cámara, nube ni voz para reclamar y denunciar?
El Halcón 1 está en tierra desde hace tres meses. Permanece sin volar por mantenimiento técnico, pues una válvula especializada, fabricada por Bell en Canadá, obligó a detener operaciones hasta contar con una pieza original y certificada.
El comisario Julio César Salas ha sido muy claro en explicarlo. Dice que la aeronave no despega sin garantías, porque no arriesga vidas, no improvisa.
La explicación es impecable, técnica, responsable, casi ejemplar. Nadie en su sano juicio discutiría que una aeronave policial debe volar solo con piezas originales y certificadas.
Pero la dichosa pieza carísima de París (o de Canadá) no es el problema, sino el mensaje que manda la Policía Municipal.
Porque mientras el Halcón 1 espera su pieza extranjera, la autoridad se apresura a subrayar que la vigilancia aérea “está garantizada”. Que hay drones, que hay respaldo estatal, que el helicóptero Centinela cubre el espacio, que “no estamos solos”. O sea que no pasa pasa nada y que todo sigue igual, supuestamente.
Los drones cumplen su función, sin duda. Son útiles, más baratos y cada vez más sofisticados. Pero no reemplazan el peso operativo de un helicóptero tripulado surcando la ciudad.
Supuestamente el Halcón 1 volverá a volar, con visión nocturna y mayor capacidad operativa, supuestamente. Suena bien, pero su ausencia revela la fragilidad del modelo de seguridad si una parte del engranaje no despega.
Esto no es una crítica al comisario ni a la decisión técnica tomada, sino una reflexión más amplia. La seguridad pública no solo se mide en horas de vuelo o número de drones, sino en la capacidad de operación y planeación, de mantenimiento preventivo, transparencia y honestidad a la hora de plantear la realidad a la sociedad.
Decir que todo está cubierto no siempre significa que todo esté resuelto, de prueba está en un mes de enero con asesinatos al alza y casi sin detenidos… y cuando hay un detenido dizque por seis homicidios, termina siendo liberado, como ocurrió en una audiencia contra un presunto sicario el pasado martes.
Morir bajo custodia policial, municipal, estatal o federal, nunca es un hecho menor. Y cuando la versión oficial se apresura demasiado, suele ser una señal de alarma.
Jesús Hernández Escorza tenía 32 años. Fue detenido el viernes pasado por policías municipales tras una denuncia por violencia familiar y trasladado a barandilla de la Fiscalía Zona Centro. El sábado por la mañana estaba muerto. La explicación rápida, casi automática, fue sobredosis.
Pero la familia no compró la versión. Denunció golpes. Denunció lesiones. Denunció lo que tantas veces se intenta ocultar detrás de un parte oficial redactado con prisa. Por eso exigieron una segunda necropsia, independiente, ajena al gobierno. El cuerpo permanece en el Servicio Médico Forense. La duda ya está sembrada y no se va a borrar a punta de boletinazos.
Cómo murió Jesús Hernández Escorza es una pregunta que debe responderse con toda claridad por parte de la Fiscalía, pero ni Heliodoro Araiza en la Zona Centro ni el fiscal general, César Jáuregui, menos su vocero de mentiritas, un tal Eloy García Tarín, son capaces de ofrecer respuestas claras y transparentes. Dónde murió y bajo responsabilidad de quién, también quedan en el aire.
Cuando un ser humano entra con vida a una celda, la autoridad asume una obligación que le es absoluta. Debe garantizar su integridad, así sea un detenido en un hecho cuestionable o el peor criminal confeso.
En esto no puede haber matices ni excusas. Si alguien muere detenido, la carga de la prueba no recae en la familia, sino en la institución.
Por eso la “sobredosis” de una sustancia no identificada es tan sospechosa, por la falta de respuestas coherentes de la autoridad. Culpar a la víctima es la salida más facilona, que nomás la ineptitud de los fiscales puede explicar, más nunca justificar.
La alcaldesa de Aquiles Serdán, Tere Erives, decidió tomar las calles y acercar los servicios públicos municipales y estatales a las colonias y comunidades donde residen los habitantes, para ahorrarles la vuelta a los ciudadanos a las oficinas públicas.
Este jueves 29 de enero, según el anuncio que hizo la alcaldesa en sus redes sociales, estará en las canchas del Oxxo de Vistas de San Guillermo, donde despacharán los funcionarios los trámites que los ciudadanos tengan pendientes.
Van a participar Obras Públicas, Salud, DIF Municipal y Catastro, así como el Registro Civil, sumados al programa “Tu Presidenta Contigo”, una alianza del gobierno municipal con las instancias estatales que tienen presencia en el municipio vecino de la capital del estado.
El ejemplo de Erives no le caería mal a otros alcaldes que gustan de estar encerrados en su oficina o alejados de la gente que gobiernan.
