La interna del Cereso Femenil No. 1 de Aquiles Serdán, con graves padecimientos de salud, acusa violencia sexual, irregularidades judiciales y omisiones de autoridades penitenciarias.
Pide la intervención urgente de organismos de derechos humanos.
Por Valentin Hierro/
Acción en la Noticia / Investigación Especial
Aquiles Serdán, Chihuahua.—
Una carta enviada directamente a Valentín Hierro, periodista del medio de comunicación Acción en la Noticia, expone una serie de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas contra María de los Ángeles Ayón Gutiérrez, interna del Centro de Reinserción Social Femenil No. 1 de Aquiles Serdán, quien denuncia haber sido víctima de violación, golpes durante su detención, fabricación de delitos, deficiente defensa legal y abandono médico pese a padecer enfermedades graves y degenerativas.
El documento, fechado desde el interior del penal, también está dirigido al Centro de Derechos Humanos de la Mujer A.C. (CEDIM) y solicita que su testimonio sea escuchado por autoridades y organismos defensores de derechos humanos ante lo que califica como una situación de extrema vulnerabilidad.
María de los Ángeles Ayón Gutiérrez, de 58 años de edad, se encuentra privada de la libertad cumpliendo una condena de 3 años y 2 meses, la cual concluye el 2 de abril de 2026. No obstante, enfrenta una segunda sentencia de 3 años y medio, que comenzaría a ejecutarse a partir de esa misma fecha, además de un juicio oral pendiente, cuyas audiencias —según refiere— iniciarían hasta enero de 2026.
Uno de los procesos en su contra la señala por el presunto robo de 226 mil pesos, acusación que la interna niega de manera categórica, asegurando que nunca tuvo dicho dinero en su poder.
Relato de abuso sexual y criminalización
En su testimonio, la mujer relata que conoció al denunciante en el centro de la ciudad, quien le ofreció trabajo de limpieza en su domicilio. Al acudir, detectó comportamientos erráticos del hombre, presuntamente bajo los efectos de sustancias, y posteriormente fue víctima de acoso sexual.
De acuerdo con la carta, el sujeto le impidió salir del domicilio, la agredió físicamente y la violó, amenazándola para que no denunciara los hechos.
Posteriormente, le entregó una televisión como supuesto pago por su trabajo y para que guardara silencio, objeto que —afirma— fue utilizado después como prueba para acusarla de robo.
“Yo nunca me robé ese dinero. Nunca lo tuve en mis manos. Él ya estaba drogado cuando llegué”, señala en su escrito.
María de los Ángeles también denuncia que al momento de su detención fue golpeada por agentes ministeriales, lo que le ocasionó lesiones permanentes en una pierna.
Asegura que dichas agresiones no fueron debidamente documentadas por el médico legista y que hasta hoy sufre dolor crónico y complicaciones físicas.
La interna padece epilepsia, hipertensión arterial, depresión severa, artritis reumatoide deformativa y una condición cardíaca conocida como sístole grado III.
Sin embargo, afirma que dentro del Cereso no recibe atención médica especializada ni tratamiento adecuado.
“No me llevan al hospital. Solo me dan losartán para la presión y ni siquiera me revisan”, denuncia.
Silencio forzado dentro del penal
En la carta enviada a Acción en la Noticia, María de los Ángeles advierte que en el penal existe un clima de miedo y represalias, Señala que las internas que se quejan son castigadas con la suspensión de llamadas o visitas familiares, y que incluso el área de psicología carece de confidencialidad.
Asimismo, denuncia que durante las audiencias judiciales se le ha impedido declarar bajo el argumento de que sus palabras podrían ser usadas en su contra, lo que —asegura— le ha negado la posibilidad de defenderse plenamente.
María de los Ángeles es madre de tres hijos de escasos recursos y, pese a su situación, ha participado en programas de reinserción social, círculos de lectura y grupos de apoyo psicológico externos, como Puentes a la Vida, del cual egresó con reconocimiento
En su mensaje final, hace un llamado urgente a la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, al Poder Judicial del Estado y a las autoridades penitenciarias para que revisen su caso, investiguen sus denuncias y garanticen su derecho a la salud, a una vida libre de violencia y a un debido proceso.
Hasta ahora ninguna autoridad estatal ni la administración del Cereso Femenil No. 1 ha emitido una postura oficial sobre las denuncias contenidas en la carta enviada a este medio.
