Hay denuncias que se sienten, más que verse o leerse, como la que circula en un video de redes sociales, en el que el subsecretario de Profesionalización Policial, Roberto Piñón Olivas, su jefe de Capacitación, el famosísimo Steven y el Pitufo Tontín, son pintados como la misma cosa, la misma porquería de siempre de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pero con el elemento adicional de los negocios turbios que realizan al amparo de un secretario como Gilberto Loya, más empeñado en figurar como aspirante a un cargo de elección popular, que en hacerse responsable de la tranquilidad y la pacificación del estado.
Esa denuncia que podemos ver en el video destaca no solo por el lenguaje elegante utilizado ni por la pulcritud de los argumentos, sino por el hartazgo que refleja de los policías estatales.
El reclamo habla de muertos. De compañeros caídos. De un sistema que no prepara para sobrevivir en la calle, pero sí para posar frente a las cámaras. No acusa con un tono jurídico; acusa con rabia. Y cuando una denuncia suena así, conviene hacer una pausa: no para descartarla, sino para entender qué está revelando.
El señalamiento central no es nuevo: falta de capacitación real, simulación institucional y nombramientos que responden más a cuotas políticas que a méritos operativos. Lo que cambia es el tono. Ya no es el análisis académico ni el informe técnico: es la voz de alguien que dice estar adentro y que advierte que así, simplemente, no se puede seguir.
Porque cuando la formación policial falla, no se trata de un trámite administrativo mal hecho.
Se trata de vidas. De decisiones que se toman en segundos, con entrenamiento deficiente. De patrullajes sin preparación táctica suficiente. De policías enviados al campo con menos herramientas que quienes los enfrentan.
La denuncia apunta directamente al Instituto Estatal de Seguridad Pública, al que describe como un espacio deteriorado, más preocupado por la imagen, los negocios paralelos y los compadrazgos que por cumplir su razón de ser: formar policías capaces, éticos y preparados.
Menciona humillaciones, abuso de poder interno, uso discrecional de instalaciones, desperdicio de municiones y una profesionalización que, en los hechos, sería mera simulación.
Todo eso no puede darse por probado, ero tampoco puede ignorarse. Porque coincide con una realidad innegable: Chihuahua sigue enterrando policías y nadie ha explicado con seriedad si su preparación corresponde al nivel de riesgo que enfrentan.
¿Quién está evaluando de verdad la capacitación policial?, ¿qué perfiles dirigen la formación?, ¿cuántas horas reales de entrenamiento táctico reciben los elementos?, ¿cómo se audita el uso de recursos?, ¿y quién responde cuando la falta de preparación cobra vidas?
El silencio institucional frente a estos temas no protege a la corporación: la debilita. La vuelve vulnerable. Y, sobre todo, traiciona a quienes salen todos los días a patrullar creyendo que alguien los preparó para regresar vivos.
En medio de la oleada de violencia actual, detectives de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que llevaban investigaciones en relación a homicidios y tráfico de armas, fueron atacados a balazos el jueves poco después del mediodía cuando se disponían a cargar gasolina en su unidad oficial, en una estación de Ciudad Juárez: uno murió en el lugar y dos fueron lesionados.
Los agentes fueron sorprendidos a tiros cuando arribaban a la gasolinera de la avenida Adolfo López Mateos y la calle Profesora Simona Barba, en el lugar perdió la vida en los asientos traseros de la unidad oficial, una Chevrolet Silverado blanca sin logos, el agente de la SSPE, Édgar David Quezada Villa.
Los policías estatales que iban de piloto y copiloto de la patrulla estatal atacada lograron descender y responder la agresión, sus disparos hicieron blanco en la parte trasera de la camioneta de los sicarios, quienes resultaron ilesos, pero los agentes no corrieron con la misma suerte.
De acuerdo con la Policía Estatal, Quezada Villa tenía 2 años 4 meses en la corporación, donde se desempeñaba como piloto de aeronaves no tripuladas en la zona norte del estado.
Es decir, Quezada Villa era “dronero”, como les llaman comúnmente a esos policías que manejan los drones, y como tal, andaba desarmado, como andan todos, según lo que nos denuncian, los que tienen esa función dentro de la SSPE.
Pensar en armarlos no está de mas, tampoco pensar en reforzar su capacitación, si vemos los resultados lamentables de este ataque.
La gobernadora María Eugenia Campos sabe cómo y cuándo ser elocuente, aún cuando va de paso y es abordada en una entrevista banquetera, como la de esta semana al llegar a su despacho en Palacio de Gobierno.
Al mencionar, casi con naturalidad, a Diódoro Carrasco como posible integrante del gabinete estatal ante la eventual salida de funcionarios rumbo a 2027, Campos Galván no solo llenó un espacio hipotético, sino que mandó un mensaje claro de control, orden y experiencia en un momento donde la sucesión comienza a contaminar la agenda pública.
La caballada anda suelta y alguien tiene que sujetar las riendas, parece que así lo entiende la mandataria. Y Carrasco Altamirano no es un nombre menor. Exgobernador de Oaxaca y exsecretario de Gobernación, representa justo lo que suele buscarse en las rectas finales de los gobiernos: oficio político, colmillo administrativo y capacidad de operación, no popularidad ni likes. Su eventual llegada no es electoral; es estabilizadora.
Y eso explica por qué los espacios mencionados -Fiscalía de César Jáuregui, Secretaría General de Gobierno de Santiago de la Peña y Desarrollo Humano de Rafa Loera.- no son casuales. Son áreas sensibles, de alto impacto político y social, que no pueden quedar en modo interino mientras sus titulares salen a hacer campaña.
Ellos son pesos completos del equipo de Campos Galván, por eso el mensaje de fondo que dio la Gobernadora en esa banquetera es doble.
Primero, hacia adentro del gabinete, diciéndoles que el quiera competir, que se vaya, pero que no espere dejar un vacío; segundo, hacia los aspirantes: no hay cheques en blanco ni candidaturas automáticas.
Cuando la gobernadora afirma que “nadie puede pretender ser algo más si no ha dado resultados”, no está dando un consejo moral, más bien establece una regla operativa. Y al reiterar que el PAN definirá candidaturas mediante procesos abiertos, primarias y encuestas, pone distancia, al menos discursiv, entre el poder del Ejecutivo y la lógica partidista.
También hay lectura nacional. En tiempos donde muchos gobiernos estatales se debilitan conforme se acerca la sucesión, Chihuahua parece apostar por lo contrario: blindar la administración con perfiles experimentados mientras el ruido electoral se eleva. Eso es pragmatismo político.
El 2027 todavía está lejos, pero la batalla por el control del presente ya comenzó. Y el destape de Carrasco, más que una sorpresa, es una advertencia de que la gobernadora no piensa gobernar los últimos años con funcionarios distraídos ni estructuras flojas.
Aunque no existe un solo boceto, borrador ni documento base de la reforma electoral que impulsa la administración de Claudia Sheinbaum -y aunque el coordinador del proyecto, Pablo Gómez, no ha soltado ni las generalidades- PAN, PRI y Movimiento Ciudadano ya parecen haber montado una campaña coordinada en su contra.
Es cierto: Morena, como todo partido en el poder, buscará una reforma a su conveniencia. No hay sorpresa ahí. Lo llamativo es que, sin conocer el contenido, en lo local ya brincaron figuras como la dirigente estatal del PAN y su coordinador legislativo, Daniela Álvarez y Alfredo Chávez, acompañados de otros actores con más vocación de espectáculo que de debate, como el dirigente naranja Francisco “Pancho” Sánchez.
Del otro lado, los morenistas observan con calma. No porque tengan claridad -ellos mismos admiten no saber de qué va ni cómo vendrá la dichosa reforma- sino porque el nerviosismo opositor se cuece solo. Más allá de las afinidades presidenciales expresadas en las mañaneras (reducción de plurinominales, desaparición de organismos electorales locales, disminución de prerrogativas para los partidos y del gasto electoral en general) todo lo demás sigue siendo especulación. Y sin embargo, la temblorina es evidente.
La posibilidad de perder espacios plurinominales resulta una delicia para Morena, no por lo que ya esté escrito, sino por lo que la oposición está revelando: que su mayor temor no es la falta de democracia, sino la pérdida de posiciones. En lugar de construir una estrategia para incidir, negociar o siquiera entender el alcance de la reforma, los partidos han optado por adelantarse como víctimas de un atropello que todavía no existe.
Defender plurinominales o justificar el alto costo de una democracia carísima difícilmente les ganará simpatías entre los electores. Mucho menos cuando el debate se da en abstracto, sin texto, sin propuesta concreta y sin más argumento que el miedo a quedarse sin curul.
Antes de que Morena mueva una sola coma, la oposición ya se asumió derrotada. Y en política, pocas cosas son tan costosas como pelear una batalla imaginaria… y perderla.
