*–Audiencia constitucional fue pospuesta hasta el 5 de enero; acusan al Poder Judicial de retrasar la ejecución de la orden de aprehensión*
A más de dos meses del asesinato de Francisco Javier Romero López, joven de 20 años ultimado a balazos en la colonia Continental, sus familiares denunciaron que el presunto responsable continúa en libertad debido a dilaciones en el Poder Judicial, situación que —afirman— les genera temor constante y mantiene estancado el proceso penal.
El señalado como probable homicida, Alejandro R. M., promovió un amparo federal que ha impedido su detención, pese a que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya cuenta con una orden de aprehensión y una carpeta de investigación debidamente integrada con testimonios, peritajes y evidencias.
De acuerdo con los familiares, la audiencia constitucional del recurso de amparo estaba programada originalmente para finales de noviembre, sin embargo, un juez federal la difirió hasta el 5 de enero de 2026, prolongando la suspensión que mantiene al imputado en libertad.
“Si la audiencia no se hubiera pospuesto desde el 27 de noviembre, la resolución ya estaría emitida y la orden de aprehensión podría ejecutarse”, señaló un familiar de la víctima, quien pidió mantener el anonimato por motivos de seguridad.
Los allegados aclararon que el amparo no cancela ni invalida la investigación ni la orden judicial, sino que únicamente suspende de manera temporal la detención del presunto responsable, lo que consideran un trato injustificado ante la gravedad del delito.
“Hasta ahora la Fiscalía ha hecho su trabajo, pero legalmente tiene las manos atadas.
Mientras no se resuelva el amparo, no pueden detenerlo”, explicaron. La familia atribuyó directamente al Poder Judicial la demora del proceso, al considerar que no existe justificación para aplazar una audiencia en un caso de homicidio, aun cuando reconocen que durante diciembre se reducen las actividades por el periodo vacacional.
“Entendemos los tiempos administrativos, pero no estamos hablando de cualquier asunto. Se trata de un joven asesinado injustamente”, expresaron.
Dentro del mismo juicio de amparo —radicado bajo el expediente 2262/2025—, Alejandro R. M. interpuso además una queja ante un Tribunal Colegiado, recurso que fue desechado y archivado por quedar sin materia, según confirmaron los familiares.
“Fue una maniobra para ganar tiempo. Se le negó todo y quedó archivado”, indicaron.
Los hechos ocurrieron en octubre pasado, cuando Francisco Javier acudió a una reunión donde se presentó una discusión entre su amigo Érick y una mujer identificada como Ximena. La víctima no participó en el conflicto.
Posteriormente, el joven se trasladó a otro domicilio y finalmente a la casa de su amigo, donde —de acuerdo con testigos— Alejandro R. M., padre de Ximena, llegó en una camioneta blanca, descendió y disparó contra ambos jóvenes. Francisco Javier perdió la vida y Érick resultó ileso.
Peritos de Criminalística localizaron casquillos calibre .45 y evidencias balísticas en el lugar, mientras que la Guardia Nacional confirmó el fallecimiento del estudiante.
Francisco Javier cursaba la licenciatura en Criminología en la Universidad de Nueva Vizcaya y trabajaba. Los dictámenes oficiales descartaron la presencia de alcohol o drogas en su organismo.
“Era un muchacho tranquilo, estudiante y trabajador.
Fue una víctima circunstancial”, relató un familiar cercano, quien añadió que el padre del joven no ha podido leer el expediente del caso debido al impacto emocional.
Los familiares subrayaron que no existía relación alguna entre la víctima y el agresor, pero temen represalias, ya que no cuentan con medidas de protección como víctimas indirectas.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades judiciales para que no se vuelva a posponer la audiencia del 5 de enero y se permita ejecutar la orden de aprehensión.
“Lo único que pedimos es que se haga justicia. Hay una persona libre que no debería estarlo por un delito tan grave”, concluyeron.
