Durante años se nos dijo que la Guardia Nacional era el dique, la última muralla frente al desbordamiento de la violencia. Que su despliegue en calles y colonias era sinónimo de orden, contención y presencia de la Federación en las ciudades. Hoy, esa narrativa vuelve a resquebrajarse con una crudeza difícil de maquillar, como lo son dos presuntos sicarios detenidos por homicidio agravado en la capital del estado que tenían, o tuvieron hasta hace unas semanas, un uniforme de la Guardia Nacional.
La Fiscalía de la Zona Centro confirmó que uno de los detenidos, Eduardo Miguel M. D. C., es elemento en activo; el otro, Jesús Eduardo M. C., desertó hace apenas dos meses. Ambos, de poco más de 20 años, hoy enfrentan cargos por la ejecución de un hombre que ni siquiera era el objetivo original del ataque. Un homicidio por confusión, una vida segada como daño colateral de una lógica criminal atroz que padecemos en Chihuahua.
El caso no es menor, aunque se quiera manejar como un homicidio simple. Tiene profundas implicaciones políticas.
No estamos hablando de civiles infiltrados ocasionalmente en el crimen organizado, sino de jóvenes formados o al menos enrolados en una corporación federal creada para pacificar al país. Jóvenes armados, entrenados y con conocimiento táctico que, según las indagatorias, actuaban como sicarios en una colonia popular al norte de la ciudad.
Siete casquillos calibre 9 milímetros quedaron como testigos mudos de que la militarización no ha sido vacuna contra la corrupción ni contra la violencia, y en algunos casos ha servido como cantera para el crimen.
El hecho de que uno de ellos aún figure como elemento activo de la Guardia Nacional obliga a preguntas que nadie en el centro del poder quiere responder con claridad: ¿Quién supervisa realmente a los elementos? ¿Qué controles existen para detectar vínculos criminales? ¿En qué momento el Estado pierde a sus propios soldados y estos cruzan, sin fricción, al otro lado?
Más inquietante aún es la rapidez con la que un exelemento puede mutar en presunto sicario. Dos meses bastaron para que la frontera entre corporación y crimen se diluyera por completo. No hubo proceso de desmovilización, seguimiento psicológico ni revisión de antecedentes. Simplemente se fue… y apareció armado en una escena de homicidio.
Sobre este mismo punto, vale la pena reflexionar más a fondo. Que los detenidos hayan sido capturados en flagrancia, gracias a un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigación y la Policía Municipal, es una buena noticia. Pero no alcanza para tranquilizar. La pregunta de fondo sigue intacta: ¿cuántos más portan el uniforme de día y operan para el crimen de noche?
El asesinato de Adrián Muñoz Morales no fue solo un error de sicarios. Fue una tragedia que desnuda a “la Maña” (Guardia) Nacional. Porque cuando quienes deberían proteger a la ciudadanía terminan ejecutándola, aunque sea por confusión, el problema ya no es únicamente de seguridad pública, sino de legitimidad.
Entonces, la revelación de que los presuntos responsables del homicidio en Riberas del Sacramento eran un elemento en activo y un exintegrante reciente de la Guardia Nacional rompe, otra vez, el discurso oficial de que la militarización es sinónimo de control y seguridad.
El ejecutado terminó siendo un daño colateral de una lógica criminal que ya opera sin freno y que, en este caso, utilizó armas, entrenamiento y códigos propios de una institución del Estado Mexicano.
Más allá de la detención en flagrancia, por lo tanto, el fondo del asunto es político y estructural: ¿cuántos más cruzan sin fricción del cuartel a la escena del crimen?, ¿cuántos operan con credencial oficial de día y como sicarios de noche?
El tablazo en la mesa que dio la gobernadora Maru Campos a finales de noviembre, cuando fue “renunciado” sin compación el director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, Sergio Nevárez, acaba de ser reforzado con la revelación de auditorías con más de 40 observaciones a la dependencia, por parte de la Auditoría Superior del Estado.
Mientras el nuevo titular de la JMAS, Marco Licón Barraza, comienza una limpia de funcionarios panistas que dejó Nevárez, corre la versión de que las revisiones realizadas por la ASE vienen con un montón de pecadillos detectados y debidamente denunciados.
El informe de la auditoría forense establece cuatro observaciones, de las que se derivan dos denuncias penales debido a la alteración de papelería oficial en licitaciones, una ganada por Tanus Construcciones Especializadas y por Subeltec S.A de C.V.
En conjunto fueron procesos licitatorios por más de 30 millones de pesos, pero la gravedad de los señalamientos que condujeron a la formulación de querellas es la posible falsificación de documentación que se establece como obligatoria en los mismos.
La otra revisión, la de cumplimiento financiero, está repleta de procedimientos de responsabilidad administrativa. Son 33 los instruidos de un universo de 44 observaciones.
En todos los casos no aparece la mano directamente del exdirector de la JMAS, pero sí de algunos de sus allegados.
Los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación indican que las secciones sindicales deben ser renovadas cada cuatro años, mediante voto directo y secreto, tras la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional. Una convocatoria que antes estaba más o menos sencilla, con decisión cupular e intervención de gobernadores.
Ahora, con la nueva Ley Federal del Trabajo, los sindicatos deben organizar elecciones abiertas, con urnas de votación y un procedimiento más o menos riguroso como el que organizan el IEE o el INE, aunque con grandes lagunas, por ejemplo, quienes cuentan los votos y por tanto los tienen a su disposición para hacer chanchullos, aún con aquello de urnas cerradas, selladas y notariadas.
Pero es un gran esfuerzo institucional y gasto para los sindicatos; por ejemplo, en la 42, fueron instaladas en 2022, 63 casillas a lo largo del territorio, con un padrón especifico de votantes.
Hay prohibición expresa para que los miembros de los Comités Seccionales puedan ser reelectos para el mismo cargo en el mismo comité para el periodo inmediato.
En abril serán las elecciones no solo de la 42 sino también de la octava, donde despachan Manuel Quiroz y Eduardo Zendejas, quienes se despiden del cargo.
Andan muchos tiradores: Edgar Ramos, Gabriel Faudoa, Fernando Pacheco, y otros más, movidos y algunos hasta ansiosos. Veremos grilla de estos y otros muchos personajes más, algunos con nula, otros con más posibilidades.
Valdrá el trabajo y compromiso en terrenos como la defensa de jubilados, soluciones a planteamientos como Pensiones Civiles del Estado, seguros, escalafones, prestaciones y demás beneficios.
Los grupos de Quiroz y Zendejas llevan mano, junto con operadores que -a nadie debe extrañar- se pintan de guinda, azul y un disminuido tricolor, así como la operación de cercanos a Palacio de Gobierno, así como de los alcaldes punteros en la batalla por la sucesión, Cruz Pérez Cuéllar de Juárez y Marco Bonilla de Chihuahua, más otros liderazgos políticos regionales.
En un curso de fin de año para los agentes de la Policía Estatal, los elementos sospecharon de una supuesta revisión del porte de armas -que tienen gracias a la licencia colectiva que otorga la Defensa Nacional- para ser cotejado con la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).
Los policías tendrán mucha malicia a la hora de hacerle frente a los retos que impone su trabajo, pero también pueden ser políticamente muy ingenuos, así que casi nadie dudó de ese proceso, por más evidentes que fueran ciertas señales.
Los instructores de la Policía Estatal -algunos comisionados de la Policía Municipal de Chihuahua, en ese marco de colaboración bastante extraño que tienen- les aseguraron que debían verificar que coincidieran los datos de ambos documentos, además de que algunos portes, según ellos, tenían la foto borrosa, cuando es de sobra conocido que las corporaciones de seguridad tienen muy buena tecnología digital para el manejo de imágenes.
Algunos elementos que acudían a los cursos tuvieron incluso que regresarse por sus carteras para entregar la INE, algo que nunca les había ocurrido a quienes ya tienen incluso décadas en la labor policiaca.
Fue hasta después de que lo hicieron cuando se dieron cuenta de lo innecesario del supuesto trámite y del uso de las credenciales de elector para otras cosas, como para afiliar gente a partidos políticos, engordar los padrones y hasta para incrementar las granjas de bots que varios aspirantes utilizan para generar la percepción de que tienen muchos seguidores en redes sociales.
Ahora, los agentes estatales sospechan que alguien se pasó de vivo con el dizque cotejo del porte de armas y la INE. A ver si al rato no aparecen como militantes de algún partido o quedan archivadas sus identificaciones para sostener cuentas falsas de Facebook que hacen comentarios bonitos a ciertos precandidatos.
