Édgar Escárcega Valenzuela —condenado por secuestro en causas que sumaron décadas de sentencia— hoy tiene permiso para abandonar el penal y regresar a su casa cinco días a la semana. La decisión, firmada por el juez Juan Carlos Erives Fuentes, se ampara en supuestos estudios de “rehabilitación” que hoy suenan a chiste macabro para las víctimas.
¿Por qué arde esto en la opinión pública? Porque Édgar es hermano de la magistrada Nancy Escárcega Valenzuela, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, el mismo órgano que debería vigilar irregularidades en el Poder Judicial. El atajo familiar —o la percepción del mismo— explotó en críticas y exigencias: ¿justicia igual para todos, o privilegios por apellidos?
Diputados y colectivos de víctimas ya lo dicen sin rodeos: debe abrirse una investigación objetiva e inmediata sobre posibles influencias y la actuación del juzgador que autorizó la semilibertad parcial. No se trata solo de un caso legal, sino de la confianza pública: que un condenado por secuestro recupere la calle por periodos no es un “beneficio técnico”, es una herida para las familias afectadas.
Lo que pedimos:
Que el Tribunal de Disciplina Judicial revise el expediente y explique públicamente las razones.
Que el Poder Judicial aclare si hubo o no conflicto de interés por el vínculo familiar.
Transparencia en los criterios utilizados para otorgar semilibertad a quienes cometieron delitos graves.
Mientras tanto, la gente se pregunta si la justicia es para todos o solo para quienes tienen apellidos que abren puertas. Y esa duda, por desgracia, es demasiado corrosiva.
¡LO QUE NO DEBERÍA PASAR: un convicto sale de la cárcel cada semana y huele a palanca!
